La Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro ha pedido a los ayuntamientos de El Hierro que apruebe ordenanzas para regular el turismo de autocaravanas en la isla, y denuncian que «generan molestar y descontento entre vecinos y turistas». Sin embargo, olvidan que son los propios autocaravanistas los que reclaman desde hace años una regulación que deje de considerarlos delincuentes para pasar a considerarlos turistas de pleno derecho.
Tal y como señala un comunicado, el turismo de autocaravanas en El Hierro ha registrado un aumento considerable en temporadas de vacaciones, puentes y días festivos. Los empresarios de la isla creen «de vital importancia la regulación y delimitación específica de este modelo turístico, con el fin de aunar esfuerzos en la mejora de la convivencia entre usuarios y ciudadanos», expresa Feliciano López, presidente de la asociación.
Denuncian usos abusivos de infraestructuras y servicios, pero en lo que sí coinciden con los autocaravanistas es en la petición de la creación de zonas para caravanas y autocaravanas, que disponga de todo aquello que se necesite para la evacuación de aguas grises y negras, así como la toma de agua potable y recogida de residuos sólidos.
Hasta el momento los ayuntamientos herreños no cuentan con ordenanzas municipales expresas que regulen este tipo de vehículos, por lo que su control se rige por la legislación canaria, que solo obliga a las caravanas a permanecer en los sitios habilitados para ello. Sin embargo, en el caso de las autocaravanas no existe ningún tipo de ordenanza que les impida pernoctar en aparcamientos como cualquier otro vehículo.
De hecho, en El Hierro solo existe una zona habilitada en la que está permitida la acampada, estacionamiento, permanencia y pernoctación de este tipo de vehículos, que sí cuenta con todos los servicios necesarios para estos usuarios, con capacidad para 300 personas y que está ubicada en la zona recreativa de El Morcillo. Sin embargo, este área está ubicada en una zona cumbre, que por sus características no es operativa en condiciones de meteorología adversa.
Los empresarios insisten en que «deben de ser los ayuntamientos quienes regulen esta situación mediante ordenanzas municipales que organicen sus zonas recreativas y de costa» y solicitan actuar «con firmeza si hay incumplimiento por parte de los usuarios».
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